Lo anterior, luego de en enero del presente año, se diera cuenta de la denuncia interpuesta en contra de la ciudadana Ortiz Domínguez, por incurrir en irregularidades en el desempeño de sus funciones como servidora pública y actos probablemente constitutivos de responsabilidad administrativa.
Al desahogar los dictámenes programados para la sesión de este martes, la Mesa Directiva del Congreso, dio lectura a las conclusiones sobre este asunto, emitidas por los Presidentes de las Comisiones de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, Jesús Ma. Moreno Ibarra, Rafael González Benavides y Teresa Aguilar Gutiérrez, respectivamente.
De esta forma, la Diputada Teresa Aguilar Gutiérrez, dio a conocer una exposición general del proyecto de resolución de las conclusiones emitidas por los órganos dictaminadores, mediante el cual se resuelve el procedimiento administrativo de responsabilidades.
“Una vez agotadas las promociones por ambas partes y realizada la audiencia de alegatos, nos abocamos al estudio de la documentación que obra, para emitir las conclusiones que conforman el proyecto que hoy presentamos a consideración de esta asamblea”, comentó.
Se realizó la designación de diversos funcionarios en circunstancias irregulares, en algunas ocasiones violentando el procedimiento marcado por la ley, en otras por la realización deficiente de las convocatorias a sesión de cabildo o bien pasando por alto que los funcionarios no cumplían con los requisitos para ocupar su cargo, incluso incurriendo prohibiciones que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, claramente establece, expresó.
“Observamos que en las actuaciones descritas en la denuncia y analizada a la luz de las documentos ofrecidos por la ciudadana, se incumplen reiteradamente los acuerdos tomados en cabildo, a partir de las decisiones de la Alcaldesa de manera unilateral”, enfatizó.
Esta determinación, será notificada a la Contraloría Municipal y Síndicos de Reynosa, para que de considerarse procedente, se establezca la devolución a la hacienda municipal, de los salarios recibidos por los servidores públicos involucrados, quienes fungieron indebidamente como Secretario de Desarrollo Económico, Secretaria de Servicios Administrativos y Director de Tránsito y Vialidad, respectivamente.